Aplazan audiencia preliminar contra policías imputados en La Barranquita
Fue aplazada para el 19 de enero de 2027 la audiencia preliminar contra 11 agentes de la Policía Nacional, quienes son acusados de participar en la muerte de cinco hombres en una peluquería del sector La Barranquita. El aplazamiento fue dispuesto por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción debido a que varias de las partes vinculadas al proceso no habían recibido la notificación de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Juan Carlos Báez Peralta, abogado de varios de los imputados, explicó que en esas condiciones les impedía preparar y depositar sus escritos de defensa dentro de los plazos establecidos.
De los 11 agentes procesados, cuatro guardan prisión preventiva y los otros siete cumplen medidas cautelares distintas a la privación de libertad. Las medidas de coerciónLos cuatro agentes que cumplen prisión preventiva son el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Félix Félix, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación.
Mientras que a los otros siete imputados se les impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica. Entre estos figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, así como Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, César Augusto Martínez Trinidad y Adrián Miguel Villalona Pineda.
El hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en una plaza comercial de la avenida Olímpica, donde funcionaba la peluquería de Valerio Estévez. De acuerdo con la acusación del Ministerio Publico, los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos y, sin mediar palabras, dispararon contra las víctimas.
Además, detalla que los imputados sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso. En su momento, el Ministerio Público calificó el hecho como una "ejecución extrajudicial".
Fuente: Actualidad
