Congreso Nacional evalúa aplazar responsabilidad penal de las empresas
El Congreso Nacional se encuentra ante un plazo crítico para decidir sobre la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal empresarial, programada originalmente para este jueves 5 de noviembre. La propuesta legislativa busca posponer por dos años la aplicación de cuatro artículos del Código Penal, trasladando la fecha efectiva al 5 de noviembre de 2028. Tras la aprobación del Senado el pasado 21 de octubre, la iniciativa recae ahora en la Cámara de Diputados, que ha convocado una sesión para este martes en San Cristóbal con el fin de debatir el proyecto.
Implicaciones del régimen y postura empresarial
La normativa vigente permite que las organizaciones respondan penalmente por delitos cometidos por sus directivos o empleados cuando existan fallas en la supervisión o control. Las sanciones contempladas incluyen multas que oscilan entre 50 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de medidas severas como el cierre de establecimientos, la inhabilitación para contratar con el Estado o la disolución definitiva de la entidad. Ante este escenario, gremios como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios han solicitado formalmente la prórroga.
Los sectores empresariales argumentan que el periodo de tres meses otorgado inicialmente resulta insuficiente para realizar las adaptaciones necesarias en sus estructuras internas. Las micro, pequeñas y medianas empresas han expresado especial preocupación por los costos asociados a la implementación de programas de cumplimiento y la contratación de personal especializado. Asimismo, los empresarios señalan la necesidad de que el sistema judicial cuente con criterios claros y uniformes para evitar la incertidumbre jurídica durante los procesos de evaluación. De ser aprobada sin cambios por los diputados, la pieza pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación antes de la fecha límite.
Fuente: Política
