Defensa Pública se niega a representar empresas en procesos judiciales
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) ha ratificado su negativa de asignar abogados de oficio a empresas privadas, desacatando así la orden emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El organismo fue intimado por los jueces para que designara un representante legal a la compañía Inprosol SRL, entidad implicada en el caso de presunta estafa contra el Estado y sabotaje a la red semafórica del Intrant. Esta falta de representación legal fue el motivo principal por el cual se aplazó recientemente el juicio de fondo contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros nueve imputados.
Argumentos legales de la institución
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, explicó que la Constitución y la Ley de la Defensa Pública limitan el servicio de asistencia legal gratuita exclusivamente a personas físicas. Según el funcionario, los derechos fundamentales de las empresas difieren de los de los individuos, por lo que pretender que el Estado asuma la defensa de personas jurídicas constituye un error de interpretación judicial. Valentín enfatizó que ninguna defensoría pública en Iberoamérica brinda asistencia a empresas privadas, calificando las peticiones de los tribunales como trampas estratégicas entre las partes involucradas.
Posibles consecuencias por desacato
Ante la negativa de la institución, el Ministerio Público ha advertido que podría iniciar acciones legales por desacato si no se cumple con el requerimiento del tribunal. Mientras tanto, la Defensa Pública mantiene su postura y espera que el Tribunal Constitucional falle sobre los recursos de revisión interpuestos contra decisiones similares. Valentín subrayó que otros tribunales han optado por declarar en rebeldía a las empresas que no contratan abogados, permitiendo que los procesos judiciales continúen para los imputados individuales, quienes sí reciben el apoyo garantizado por la entidad para su defensa técnica.
Fuente: Actualidad
