Diputados proponen cambios al Código Penal sobre difamación y privacidad
Un grupo multipartidista de legisladores depositó ante la Cámara de Diputados una propuesta para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica 74-25, que establece el Código Penal dominicano. La iniciativa, presentada el pasado 7 de julio de 2026, busca diferenciar legalmente las imputaciones sobre la vida privada de aquellas que involucran hechos de interés público o el desempeño de funcionarios. El proyecto fue impulsado por representantes de diversas bancadas, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones políticas.
Modificaciones en difamación y difusión de contenidos
La propuesta plantea una excepción en el artículo 208 sobre difamación, estableciendo que no se configurará este delito si la imputación se refiere al ejercicio de funciones públicas, siempre que no se demuestre dolo. En cuanto a la difusión no consentida de audios, imágenes o videos, el texto sugiere penas de seis meses a un año de prisión para quienes vulneren la intimidad ajena. No obstante, las sanciones se endurecen significativamente cuando se trata de material alterado mediante montajes, elevando la pena hasta cinco años de cárcel. En casos donde el contenido sea de naturaleza sexual, involucre chantaje o afecte a grupos vulnerables, la condena podría alcanzar hasta diez años de prisión mayor.
Regulación del ultraje a la autoridad
El proyecto también aborda la definición de ultraje contra la autoridad pública en el artículo 310, limitándolo a conductas que busquen menoscabar la dignidad o investidura del funcionario en el ejercicio de sus funciones. Para que esta acción sea punible, debe manifestarse mediante amenazas, actos materiales o expresiones gravemente injuriosas dirigidas directamente al servidor público. La sanción propuesta para este delito contempla penas de quince días a un año de prisión menor, además de una multa económica proporcional al salario del funcionario afectado. Los proponentes buscan con estas medidas establecer un marco legal más preciso que equilibre el derecho al honor con la fiscalización de la gestión pública.
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