EE. UU. mantiene a República Dominicana en Nivel 2 sobre trata
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ratificado la permanencia de República Dominicana en el Nivel 2 de su informe anual sobre trata de personas. Esta clasificación reconoce que el Estado dominicano realiza esfuerzos significativos para combatir este flagelo, aunque todavía no logra cumplir con los estándares mínimos exigidos para su erradicación total. El análisis, que abarca principalmente las acciones ejecutadas durante el año 2025 y principios de 2026, destaca tanto progresos legislativos como desafíos operativos pendientes.
Reformas legales y estadísticas de investigación
Entre los avances más notables figura la reforma a la Ley 137-03, promulgada en julio de 2025, la cual endureció las penas de prisión y eliminó la prescripción del delito. Asimismo, se incorporó la figura de la comisión por omisión para sancionar a funcionarios negligentes y se incrementó la asistencia a las víctimas rescatadas. Sin embargo, el informe señala una reducción en la actividad investigativa, con 94 casos reportados en 2025 frente a los 229 registrados el año anterior. Washington advierte que los recursos se han concentrado excesivamente en la trata sexual urbana, dejando desatendida la fiscalización del trabajo forzoso en sectores como la agricultura y la construcción.
Desafíos en la protección y perfil de las víctimas
En cuanto a la atención a los afectados, el Estado logró identificar a 139 víctimas, un aumento considerable respecto a las 37 contabilizadas en 2024. A pesar de este incremento en las derivaciones a centros de asistencia, persisten vacíos críticos como la falta de refugios especializados para hombres y restricciones de movilidad en los albergues para mujeres. El perfil de la trata en el país sigue marcado por el engaño a mujeres extranjeras, principalmente colombianas, mediante falsas ofertas laborales, y la explotación de menores haitianos en actividades de mendicidad y trabajo doméstico. El reporte enfatiza que, aunque se han dictado sentencias con indemnizaciones económicas, el cobro efectivo de estas sumas continúa bloqueado por procesos de apelación.
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