Gobierno prohíbe uso de inteligencia artificial para control social y político
El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 787-26, estableciendo un nuevo Código de Ética para el uso de inteligencia artificial en la Administración Pública dominicana. Esta normativa prohíbe explícitamente el empleo de algoritmos para la clasificación social de los ciudadanos, la manipulación de opiniones políticas y la identificación de posibles delincuentes basada en su condición socioeconómica. Con estas medidas, el Estado busca proteger los derechos fundamentales y garantizar que el uso de tecnologías avanzadas no vulnere la presunción de inocencia ni el debido proceso en el país.
Restricciones en vigilancia y decisiones judiciales
La nueva regulación veta el uso de sistemas de identificación biométrica masiva en espacios públicos sin las garantías legales pertinentes. Asimismo, se impide que los algoritmos determinen sentencias penales o medidas de coerción de manera autónoma, exigiendo siempre la intervención humana directa en cualquier decisión que afecte la libertad de las personas. Las instituciones públicas tienen la obligación de informar a los ciudadanos cuando una resolución administrativa haya sido apoyada por herramientas automatizadas, permitiendo además que los afectados soliciten revisiones y correcciones.
Supervisión y transparencia estatal
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, se ha creado el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, el cual será copresidido por la Digeig y la Ogtic. Este organismo integrará a diversos sectores de la sociedad para supervisar el despliegue de sistemas de alto impacto, los cuales deberán someterse a evaluaciones éticas previas antes de entrar en funcionamiento. Todas las entidades gubernamentales deberán mantener un registro público de sus herramientas tecnológicas y garantizar mecanismos permanentes de supervisión humana, protección de datos y auditoría en sus procesos operativos.
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