Ministerio Público solicita prisión preventiva contra 25 implicados en fraude Senasa
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa presentó formalmente una solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas a un presunto esquema de estafa en perjuicio del Seguro Nacional de Salud. El expediente, que consta de 525 páginas, fue depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tras una serie de operativos realizados en diversas provincias del país. La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, solicitó que el caso sea declarado complejo y que se imponga prisión preventiva para los imputados, entre los que figuran médicos, empleados de la entidad aseguradora y otros colaboradores externos.
Detalles de la red de estafa
Las investigaciones señalan que los implicados habrían ejecutado maniobras fraudulentas mediante la facturación de consultas, medicamentos y procedimientos médicos inexistentes. Según las autoridades, este esquema no solo provocó una sustracción de fondos públicos, sino que también afectó directamente a los afiliados al consumir sus cuotas de cobertura con servicios que nunca recibieron. Se han documentado casos donde hombres aparecían con registros de consultas ginecológicas y el uso de sellos médicos falsificados para sustentar los cobros irregulares. Esta acción representa la tercera fase de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público sobre el desfalco a la aseguradora estatal.
Alcance de la investigación
Durante los operativos, que incluyeron 37 allanamientos en ciudades como Santiago, La Vega, Cotuí y el Distrito Nacional, las autoridades incautaron vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo. Aunque inicialmente se reportaron 28 arrestos, la solicitud de coerción se centra actualmente en 25 individuos tras las jornadas de interrogatorios. La representante del Ministerio Público advirtió que la investigación se encuentra en una etapa inicial y no descartó que el proceso pueda ampliarse en el futuro para incluir a más personas o entidades involucradas en el fraude. El sistema judicial deberá ahora fijar la fecha para conocer la medida solicitada por el órgano persecutor.
Fuente: Actualidad
