Preocupación por renuncias de jueces ante evaluaciones del Consejo de la Magistratura

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifestó su inquietud ante la decisión de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia de declinar su participación en el proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura. La organización advirtió que este fenómeno plantea interrogantes sobre las condiciones institucionales actuales y la capacidad del sistema para retener el talento y la experiencia dentro del Poder Judicial. Según la entidad, el desistimiento de magistrados con larga trayectoria obliga a reflexionar sobre si el mecanismo de evaluación está cumpliendo su propósito de fortalecer la confianza pública en la justicia.

Impacto en la equidad y la carrera judicial

La organización puso especial énfasis en la salida de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, señalando que la renuncia de Salcedo representa la pérdida de una oportunidad histórica para que una jueza de carrera presidiera el máximo tribunal. La ROI recordó que, aunque se han logrado avances en la representación femenina, la paridad sigue siendo un desafío pendiente frente al mandato constitucional. Asimismo, la red señaló que estas renuncias podrían ser consecuencia de prácticas que, desde procesos anteriores, han sido señaladas como factores que desincentivan la permanencia de los jueces en sus cargos.

Exigencias de transparencia al Consejo Nacional de la Magistratura

En cuanto a la gestión del Consejo Nacional de la Magistratura, la red reconoció la reciente publicación de actas de procesos previos, pero calificó la medida como insuficiente para garantizar una verdadera rendición de cuentas. La organización sostuvo que la transparencia debe permitir a la ciudadanía comprender las motivaciones detrás de cada decisión, más allá de la simple divulgación de documentos administrativos. Finalmente, la ROI exhortó al órgano evaluador a conducir las próximas etapas bajo criterios objetivos, reglas claras y un estricto respeto al debido proceso para asegurar la legitimidad del sistema judicial dominicano.

Fuente: Actualidad