Procuraduría deberá pagar RD$7.5 millones a imputado por equipo retenido
La magistrada Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, emitió una sentencia que ordena a la Procuraduría General de la República el pago de una indemnización superior a los 7.5 millones de pesos. Esta cifra corresponde a la liquidación de un astreinte, una sanción económica aplicada por el incumplimiento de una orden judicial previa que exigía la devolución de bienes incautados a Juan Francisco Álvarez Carbuccia. El exfuncionario, vinculado al caso de presunta corrupción en el Intrant, mantenía una disputa legal por la retención de diversos objetos personales que le fueron confiscados durante la investigación.
Justificación del Ministerio Público
Durante el proceso, los representantes del Ministerio Público argumentaron que la demora en la entrega del único dispositivo pendiente, un teléfono celular Samsung S3 del año 2012, se debió a complicaciones logísticas. Según la defensa del Estado, el equipo fue sometido a extracciones de datos en el Inacif y posteriormente extraviado temporalmente durante un traslado apresurado de evidencias desde el edificio de la antigua Corte. Los fiscales incluso ofrecieron compensar el valor comercial del aparato, estimado en unos 3,200 pesos, para intentar subsanar el retraso en el cumplimiento de la resolución judicial.
Fallo judicial sobre la sanción
La jueza Padilla desestimó los argumentos presentados por el órgano acusador al considerar que no lograron probar una imposibilidad real o legítima para cumplir con la entrega del bien. A pesar de que la Procuraduría ya había restituido otros artículos, como un vehículo Chevrolet Tahoe, una computadora MacBook, varios relojes y otros teléfonos móviles, la falta de este último dispositivo activó la sanción económica total. Álvarez Carbuccia es uno de los diez implicados en el caso de sabotaje a la red semafórica y corrupción, cuyo juicio de fondo está programado para iniciar el próximo 11 de agosto.
Fuente: Actualidad
