Procuraduría y Migración eliminan más de 56 mil alertas migratorias irregulares
La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración ejecutaron el retiro de 56,140 controles migratorios que permanecían activos en sus sistemas sin el debido respaldo judicial. Esta medida busca corregir una acumulación de registros históricos que datan desde 1990 hasta el año 2026, los cuales limitaban el libre tránsito de ciudadanos de manera arbitraria. La acción responde a una solicitud formal de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dirigida al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, para sanear la base de datos institucional.
Cumplimiento de sentencias constitucionales
El proceso de depuración se enfoca en eliminar registros que carecían de base legal, expedientes históricos sin identificación clara y casos donde los objetivos procesales ya habían concluido. Esta intervención llega cuatro años después de que la procuradora Miriam Germán Brito anunciara instrucciones para eliminar estas restricciones, las cuales fueron cuestionadas tras incidentes donde se impidió la salida de ciudadanos sin una orden judicial previa. La medida se alinea con la sentencia TC/0338/22 del Tribunal Constitucional, que estableció la prohibición de restringir la libertad de tránsito sin fundamento legal.
La mesa técnica conjunta encargada de la revisión identificó errores administrativos significativos y órdenes judiciales que no estaban correctamente individualizadas. El Tribunal Constitucional ha sido enfático en sus fallos, incluyendo la sentencia TC/1186/25, al declarar inconstitucionales las disposiciones que permitían impedir la salida del país sin la intervención de un juez. Con este levantamiento masivo, las autoridades buscan garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, eliminando barreras que se mantuvieron vigentes durante décadas sin una actualización de oficio adecuada.
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