Promulgan ley que aplaza responsabilidad penal de empresas hasta 2028
El Poder Ejecutivo oficializó este jueves la Ley 88-26, normativa que extiende por 18 meses el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal. Con esta medida, la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25 se posterga hasta el 5 de mayo de 2028. La decisión busca otorgar un margen de tiempo adicional para que las empresas realicen las adecuaciones necesarias y cumplan con el nuevo régimen legal. Originalmente, la entrada en vigencia de estas normativas estaba programada para el próximo 5 de noviembre.
Detalles del proceso legislativo y plazos
La aprobación de esta prórroga fue el resultado de un consenso en el Congreso Nacional, donde el Senado ratificó la modificación con 26 votos a favor tras aceptar los cambios propuestos por la Cámara de Diputados. Aunque la iniciativa inicial contemplaba una extensión de 24 meses, los legisladores acordaron reducir el periodo a un año y medio. El sector empresarial, representado por entidades como el Conep y ANJE, había solicitado formalmente este aplazamiento para permitir que las compañías, especialmente las de menor tamaño, implementen sus mecanismos de control interno.
Alcance de las sanciones y medidas
El régimen penal aplazado establece las condiciones bajo las cuales las entidades pueden ser procesadas por delitos cometidos por sus directivos o empleados. Entre las sanciones que contempla el Código Penal se encuentran multas económicas, la revocación de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado y el cierre definitivo de establecimientos. La aplicación de estas medidas dependerá de un proceso judicial que evalúe la responsabilidad de la empresa y la eficacia de sus sistemas de prevención. La nueva ley entra en vigor de manera inmediata tras su promulgación y publicación oficial.
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