Promulgan ley que prioriza la digitalización de procesos en el Poder Judicial

El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley 87-26, una normativa diseñada para optimizar la eficiencia y transparencia en los servicios judiciales mediante el uso de herramientas tecnológicas. Esta reforma modifica la legislación previa sobre medios digitales, integrando definiciones técnicas esenciales como el expediente electrónico, la plataforma digital y mecanismos de protección contra la falsificación. La nueva disposición busca modernizar el sistema de justicia dominicano, asegurando que los trámites se realicen de manera ágil y segura para todos los usuarios.

Garantías de acceso y validez jurídica

Aunque la ley establece la vía digital como el canal prioritario para las gestiones judiciales, se mantiene el derecho de los ciudadanos a realizar trámites de forma presencial. Esta medida protege a quienes no poseen los medios técnicos, la conectividad necesaria o la capacitación tecnológica para interactuar en el entorno virtual. Además, se otorga plena validez jurídica a las sentencias y resoluciones suscritas mediante firma digital o electrónica cualificada por parte de jueces y servidores judiciales, eliminando la necesidad de certificaciones adicionales para estos documentos.

Innovaciones en audiencias y labor de alguaciles

La normativa introduce el sistema digital de georreferenciación ministerial, el cual permitirá registrar en tiempo real las coordenadas y el horario exacto de las diligencias realizadas por los alguaciles. En cuanto a las audiencias, se autoriza su celebración bajo modalidades virtuales, presenciales o semipresenciales en todas las materias, con restricciones específicas para el ámbito penal. Finalmente, el texto legal contempla mecanismos de contingencia operativa para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones de fuerza mayor o estados de excepción, entrando en vigor tras su publicación oficial.

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