Suprema Corte ratifica que fondos de Trujillo pertenecen al Estado dominicano
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia puso fin a una batalla legal de décadas al determinar que un depósito de 2.3 millones de dólares, realizado por Rafael Leónidas Trujillo en 1950, debe permanecer en manos del Estado. Los herederos de Lina Altagracia Lovatón Pittaluga, amante del dictador, reclamaban el dinero argumentando que se trataba de una obligación contractual válida destinada a su madre. La disputa alcanzó cifras millonarias al sumar los intereses acumulados durante más de 70 años, alcanzando una valoración cercana a los 4,400 millones de pesos en 2013.
Sentencia sobre bienes confiscados
El fallo judicial, emitido el 30 de abril de 2025, establece que los recursos están sujetos a la Ley 5785-62, la cual permitió la confiscación de los bienes del régimen tras la caída de la dictadura. Aunque los reclamantes insistieron en la validez del contrato bancario original, el tribunal determinó que el origen ilícito del dinero, proveniente del erario público, prevalece sobre cualquier acuerdo privado. La justicia concluyó que la relación sentimental y el beneficio económico directo vinculaban estos fondos al patrimonio acumulado abusivamente durante el periodo trujillista.
Tras el revés en la Suprema Corte, los hijos de Lovatón intentaron revertir la decisión mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional bajo el expediente TC-04-2025-1112. Sin embargo, esta instancia tampoco favoreció sus pretensiones, consolidando el criterio de que el dinero pertenece al Estado dominicano. Con esta resolución, se cierra un proceso judicial que atravesó generaciones y que reafirma la recuperación de activos obtenidos durante el ejercicio del poder autoritario en el país.
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