Testigos en República Dominicana enfrentan graves riesgos al colaborar con justicia
La obligación legal de comparecer ante los tribunales para declarar sobre delitos se ha convertido en una labor de alto riesgo para los ciudadanos. Aunque el Código Procesal Penal exige la presencia de los testigos bajo amenaza de sanciones económicas o uso de la fuerza pública, la seguridad de estas personas fuera de las salas de audiencias es precaria. Recientemente, se han registrado múltiples agresiones y asesinatos de individuos que debían aportar sus testimonios en procesos judiciales, evidenciando una vulnerabilidad crítica que el sistema actual no logra mitigar.
Incidentes violentos y falta de protección
El historial de violencia contra quienes colaboran con la justicia incluye casos fatales ocurridos en diversas provincias del país. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, al menos tres testigos fueron asesinados en Santiago, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, mientras que otro resultó gravemente herido. Un hecho alarmante ocurrió en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde familiares de imputados arrebataron a un testigo de la custodia de agentes de la Dicrim. Expertos en derecho penal señalan que la protección estatal suele limitarse al recinto judicial, dejando a los ciudadanos desamparados al entrar o salir de las audiencias.
Necesidad de una ley específica
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha calificado la creación de una ley de protección de víctimas y testigos como una necesidad urgente y no un lujo. Actualmente, el Ministerio Público y el Código Procesal Penal tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad de quienes testifican, pero no existe una normativa integral dedicada exclusivamente a este fin. Mientras se espera una legislación robusta, los testigos continúan enfrentando represalias, perjurio y ataques directos que ponen en peligro la efectividad del sistema judicial dominicano.
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