Tribunal Constitucional falla a favor de ciudadano tras década de espera
El Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/1148/26 que favorece a Antonio Tomás Javiel, cuya cédula de identidad fue cancelada arbitrariamente por la Junta Central Electoral. La alta corte determinó que la institución electoral vulneró los derechos fundamentales del ciudadano al anular su documento sin probar las supuestas irregularidades en su acta de nacimiento. El afectado permaneció al menos doce años sin su documento de identidad tras iniciar sus reclamos en septiembre de 2014. La resolución judicial destaca que la falla administrativa original fue responsabilidad de un funcionario del Registro Civil y no del ciudadano.
Irregularidades y negligencia administrativa
La controversia inició cuando la Junta Central Electoral detectó una supuesta duplicidad en el registro de nacimiento de Javiel, quien fue declarado tardíamente en 1995. Durante el proceso judicial, la entidad no pudo demostrar la existencia de dos identidades distintas ni presentó pruebas de fraude por parte del afectado. El Tribunal Constitucional enfatizó que un ciudadano no debe cargar con las consecuencias de errores cometidos por la administración pública. Además, se cuestionó que la institución no agotara el debido proceso ni notificara formalmente al afectado antes de proceder con la cancelación.
Demora judicial en el Tribunal Superior Administrativo
El expediente enfrentó un retraso de más de una década debido a la gestión del Tribunal Superior Administrativo. Aunque una sala de dicho tribunal ordenó en 2015 la devolución de la cédula, la Junta Central Electoral interpuso un recurso de revisión en febrero de 2016. El caso permaneció estancado en el Tribunal Superior Administrativo hasta junio de 2026, cuando finalmente fue remitido para su revisión constitucional. La alta corte llamó la atención sobre la excesiva tardanza en la remisión del recurso, la cual prolongó innecesariamente la incertidumbre jurídica del ciudadano.
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