Tribunal estadounidense cuestiona legalidad de traslados migratorios a terceros países

Un reciente fallo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos ha generado incertidumbre sobre la aplicación del memorando que permite el traslado de migrantes extranjeros hacia la República Dominicana. La sentencia judicial, emitida el pasado 18 de septiembre, determinó que las autoridades estadounidenses deben garantizar un aviso efectivo sobre el destino final de los deportados. Asimismo, los jueces subrayaron la necesidad de ofrecer a los afectados una oportunidad real para alegar riesgos de persecución o tortura antes de concretar su salida hacia naciones distintas a las de origen. Hasta el momento, nueve personas han ingresado al territorio dominicano bajo este mecanismo, aunque varias ya han abandonado el país.

Implicaciones del fallo judicial

La decisión legal no invalida de forma automática los acuerdos bilaterales suscritos por Washington, pero impone nuevas exigencias procedimentales que deben cumplirse antes de cada traslado. Aunque el gobierno dominicano presentó este convenio en mayo como un esquema de tránsito temporal para personas que no han ingresado formalmente al sistema migratorio estadounidense, la situación jurídica de cada individuo es determinante. El canciller Roberto Álvarez había aclarado previamente que el acuerdo excluye a menores no acompañados, ciudadanos haitianos y personas con antecedentes penales, calificándolo como un instrumento no vinculante.

La distinción entre el litigio estadounidense y la realidad operativa en suelo dominicano radica en el estatus migratorio de los sujetos trasladados. Mientras el fallo judicial se enfoca en personas con órdenes de deportación previas, el mecanismo dominicano se ha descrito como una estancia breve antes del retorno a sus naciones de origen. No obstante, las autoridades no han confirmado si los nueve migrantes recibidos hasta la fecha se encuentran bajo la protección que otorga la nueva sentencia. La legalidad de estas operaciones dependerá estrictamente de que Estados Unidos cumpla con las garantías procesales exigidas por los jueces, independientemente de la vigencia del memorando bilateral.

Fuente: Portada