TSA ordena fin de contratos mineros a Falconbridge Dominicana
El Tribunal Superior Administrativo ha emitido una sentencia favorable al Estado dominicano, autorizando la terminación de los contratos que permitían a Falconbridge Dominicana operar el yacimiento Quisqueya I. La decisión judicial se fundamenta en el incumplimiento de la Ley Minera 146-71, tras comprobarse la inactividad prolongada de la mina y la omisión en la entrega de informes técnicos obligatorios a la Dirección General de Minería. Los magistrados determinaron que este cese de operaciones afectó el interés general y contravino las normativas que prohíben mantener concesiones inactivas por periodos superiores a dos años.
Situación legal y financiera de la empresa
El futuro de la explotación minera en la zona permanece incierto, dado que la empresa aún posee el derecho a apelar el fallo judicial. Además, Falconbridge Dominicana enfrenta un proceso paralelo en un tribunal de Santiago para definir su reestructuración o liquidación, derivado de las dificultades financieras que provocaron la paralización de sus labores desde noviembre de 2023. José Eurípides Florentino Rodríguez, presidente del Fonper, señaló que es prematuro proyectar una nueva concesión hasta que se agoten los recursos legales y se resuelva la situación mercantil de la compañía.
Perspectivas sobre el patrimonio público
El abogado Eric Raful Pérez, representante del Estado en este litigio, destacó que la medida permitirá recuperar el control sobre recursos que integran el patrimonio nacional. Una vez que la sentencia adquiera carácter definitivo, las autoridades podrán evaluar las alternativas legales para el destino de los yacimientos, buscando siempre el beneficio de las comunidades locales. Por su parte, la Cámara Minera Petrolera advirtió que la inactividad no equivale automáticamente a un abandono, subrayando la importancia de mantener el cumplimiento regulatorio incluso durante periodos de baja producción.
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