Autoridades penitenciarias procesarán a abogados que introduzcan celulares en cárceles
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales ha endurecido sus medidas de control tras el hallazgo de teléfonos celulares y artículos prohibidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Durante una requisa reciente en este recinto de San Antonio de Guerra, las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos a cinco internos, incluyendo a Ángel David Medina Paredes, quien cumple una condena de 30 años por narcotráfico y secuestro. Como consecuencia inmediata, los reclusos involucrados fueron trasladados a celdas de aislamiento individual a la espera de que la Comisión de Evaluación y Sanción determine las medidas disciplinarias definitivas.
Acciones legales contra colaboradores externos
El organismo advirtió que el Operativo Nacional para la Erradicación de Ilícitos se mantendrá activo en todo el territorio dominicano para frenar el ingreso de drogas, alcohol y equipos de comunicación. La institución fue enfática al señalar que cualquier abogado, familiar o miembro del personal penitenciario sorprendido facilitando estos objetos será sometido a la justicia. Esta política de tolerancia cero ya ha derivado en procesos judiciales contra empleados cómplices, como ocurrió recientemente en el centro penitenciario de Montecristi.
Los esfuerzos por limpiar los recintos carcelarios incluyen la judicialización de personas externas que intentan vulnerar la seguridad de los centros. Un antecedente reciente ocurrió en junio pasado, cuando una jueza dictó tres meses de prisión preventiva contra Mercedes Ogando Montero por intentar introducir sustancias narcóticas en Las Parras. El Ministerio Público continúa con las investigaciones internas para desarticular las redes que permiten la entrada de artículos prohibidos a los centros de rehabilitación.
Fuente: Actualidad
