Controversia por libertad de expresión en el nuevo Código Penal dominicano
La entrada en vigor del nuevo Código Penal, programada para el próximo 3 de agosto bajo la ley 74-25, ha generado un intenso debate público sobre los límites de la libertad de expresión y prensa en el país. Diversos sectores, incluyendo comunicadores e influencers, han calificado la normativa como una posible ley mordaza debido a disposiciones que podrían restringir derechos constitucionales. La preocupación principal recae sobre el artículo 208, el cual tipifica como difamación la imputación pública de hechos que afecten el honor o la dignidad de una persona, sin especificar explícitamente que la información deba ser falsa para ser sancionada.
Debate sobre la vida privada de funcionarios
La discusión se ha trasladado a los medios de comunicación y plataformas digitales, donde la ciudadanía mantiene opiniones divididas respecto a la exposición de la intimidad de los servidores públicos. Mientras algunos ciudadanos sostienen que la vida personal solo es relevante si afecta el manejo de los recursos del Estado o la toma de decisiones, otros argumentan que ciertos comportamientos privados reflejan la integridad moral necesaria para ejercer cargos públicos. Este intercambio de ideas ha puesto sobre la mesa el conflicto entre el derecho a la privacidad y el interés colectivo en la fiscalización de quienes administran la cosa pública.
Ante el descontento social, que se ha manifestado mediante protestas pacíficas y cacerolazos en lugares como la Plaza de la Bandera, el presidente Luis Abinader intervino en el proceso. El Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso Nacional una propuesta con modificaciones consensuadas por especialistas para ajustar el texto legal. El objetivo declarado por el mandatario es alcanzar un equilibrio jurídico que proteja el honor de las personas sin vulnerar las libertades informativas consagradas en la Constitución.
Fuente: Portada
