Gobierno establece marco ético para el uso de inteligencia artificial estatal
El Poder Ejecutivo oficializó mediante el decreto 787-26 el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. Esta normativa busca garantizar que la implementación de herramientas tecnológicas en las instituciones estatales se realice bajo criterios de seguridad, inclusión y transparencia. El documento fue redactado tras un proceso multisectorial encabezado por la Ogtic y la Digeig, contando además con el respaldo técnico de organismos internacionales como la Unesco y la OCDE.
Regulaciones y prohibiciones en la administración pública
La nueva disposición impone obligaciones estrictas para los sistemas de alto impacto, los cuales deberán superar evaluaciones de derechos antes de operar. Se garantiza a los ciudadanos el derecho a conocer cuando una decisión administrativa ha sido tomada mediante algoritmos, permitiendo además la revisión humana de dichos procesos. Entre las prohibiciones explícitas destacan el uso de identificación biométrica masiva sin orden judicial, el perfilamiento criminal basado en sesgos y la automatización de sentencias penales, protegiendo especialmente a los menores de edad contra contenidos discriminatorios.
Gobernanza y plazos de implementación
Para asegurar el cumplimiento de estas directrices, se creará el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, que integrará a representantes gubernamentales, académicos y de la sociedad civil. Las entidades públicas disponen de un plazo de 180 días calendario para ajustar sus procesos internos y registrar los sistemas tecnológicos en uso. Durante este periodo, las instituciones deberán designar a los responsables de velar por la trazabilidad y la ciberseguridad de los datos, evitando la contratación de tecnologías opacas que impidan la auditoría estatal.
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