Diversos sectores exigen esclarecer muertes en operativos de la Policía Nacional
Diversas organizaciones sociales, entidades religiosas, gremios de abogados y partidos políticos han manifestado su profunda preocupación ante el incremento de muertes registradas durante intervenciones policiales, comúnmente denominadas por las autoridades como intercambios de disparos. Estas demandas, que se intensificaron entre septiembre y octubre, exigen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en las que fallecen los ciudadanos durante los operativos. Los sectores involucrados han solicitado al presidente Luis Abinader que intervenga para garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en las actuaciones de los agentes del orden.
Demandas de investigación y control institucional
Representantes de la Iglesia Católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica han instado a las autoridades a priorizar la preservación de la vida humana por encima de la eliminación física de presuntos delincuentes. Figuras como monseñor Andrés Amauri Rosario y el pastor Feliciano Lacen Custodio han enfatizado que la lucha contra la criminalidad debe basarse en la prevención, la profesionalización policial y una persecución penal transparente. Asimismo, organizaciones como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han solicitado controles estrictos sobre el uso de la fuerza, advirtiendo que las ejecuciones extrajudiciales no pueden ser justificadas bajo ninguna circunstancia.
Las peticiones presentadas ante la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional buscan que se realice una interpelación a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. Organizaciones comunitarias, incluyendo la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco, han solicitado formalmente que se auditen las armas supuestamente utilizadas por los fallecidos para verificar la veracidad de los enfrentamientos. El objetivo central de estos grupos es evitar que posibles actuaciones ilegales queden impunes y asegurar que la reforma policial no se vea debilitada por el uso desproporcionado de la fuerza letal.
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