Plan de ordenamiento territorial prohíbe residenciales sin servicios
El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado el proyecto de ley que aprueba el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, una propuesta que busca regular el uso del suelo, la inversión pública y privada y el desarrollo de los asentamientos humanos en todo el territorio dominicano. El proyecto fue sometido por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien explicó que la iniciativa busca poner fin a la expansión urbana desordenada.
La propuesta prohíbe el crecimiento urbano improvisado y establece que los instrumentos de ordenamiento territorial deberán garantizar el acceso efectivo de la población a viviendas adecuadas, agua potable, drenaje pluvial, movilidad y manejo de desechos antes de la construcción de nuevos proyectos residenciales.
En las áreas metropolitanas y los municipios, las urbanizaciones deberán ajustarse a parámetros que eviten el colapso de las calles por inundaciones y garanticen el acceso de los residentes a los servicios esenciales. Para frenar la proliferación de sectores sin espacios comunitarios, la iniciativa ordena al Gobierno y a las alcaldías crear un inventario de terrenos destinados a fines públicos.
Mediante este mecanismo, el proyecto dispone que el Estado clasificará e identificará terrenos aptos para la reserva obligatoria de espacios verdes, parques, escuelas, centros de salud y proyectos de vivienda de interés social.
Asimismo, las alcaldías deberán incorporar mecanismos de participación mediante vistas públicas, en las que los ciudadanos podrán opinar sobre la construcción de estructuras cercanas a sus viviendas. Zonas de riesgo y reubicación de familiasAnte las recurrentes tragedias provocadas por fenómenos meteorológicos, el proyecto define la condición de "riesgo no mitigable".
La propuesta prohíbe la emisión de permisos o autorizaciones transitorias en zonas de riesgo no mitigable, áreas protegidas o bienes de dominio público. En estos casos, el proyecto establece que "el Estado ejecutará programas de relocalización progresiva de asentamientos vulnerables".
Asimismo, la iniciativa establece que los funcionarios que autoricen obras incompatibles con el ordenamiento territorial u omitan sus deberes por favoritismo o para beneficiar a terceros incurrirán en responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y penales. Por otro lado, la pieza dispone que ningún proyecto público o privado de gran escala podrá ejecutarse sin someterse previamente a una Evaluación de Impacto Territorial (EIT).
Por su parte, el ministro Paliza pidió al Senado priorizar el conocimiento del proyecto ante el "desorden" territorial que, según afirmó, impera actualmente en la República Dominicana.
Fuente: Política
