Recusan a juezas en juicio contra exministro Donald Guerrero
El proceso judicial que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros exfuncionarios por presunta corrupción sufrió una interrupción tras la recusación de dos magistradas. El abogado Juan Tomás Polanco Céspedes, quien figura como imputado, presentó la instancia contra las juezas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez. A esta acción se sumaron los también encartados Agustín Mejía Ávila y Flor María Reyes, provocando un receso en el Tercer Tribunal Colegiado. La magistrada Arlín Ventura Jiménez, quien preside el tribunal, fijó la continuación de las audiencias para el próximo 11 de noviembre mientras se resuelve el incidente.
Argumentos y oposición legal
La defensa de Polanco Céspedes fundamentó su petición contra la magistrada Rodríguez alegando una supuesta animadversión personal hacia su abogado, Alberto Almonte de los Santos, derivada de conflictos previos. En cuanto a la jueza Martínez, el imputado argumentó que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva tras el rechazo de una solicitud para extinguir la acción penal. Por su parte, la representación legal de los querellantes, encabezada por José Amado Javier Bidó, calificó la recusación como una maniobra dilatoria inadmisible. El Ministerio Público sostiene que el grupo de más de treinta acusados habría desviado más de 19 mil millones de pesos mediante irregularidades en pagos de terrenos y esquemas de extorsión.
Antecedentes sobre la extinción penal
El conflicto surge después de que las magistradas ahora recusadas votaran en contra de extinguir la acción penal para varios de los implicados, incluyendo a Ángel Lockward y Manuel Milcíades Morillo Soto. La presidenta del tribunal, Arlín Ventura Jiménez, mantuvo una postura distinta al emitir un voto disidente, bajo el criterio de que los plazos procesales ya habían expirado. Respecto a Donald Guerrero, el tribunal declaró inadmisible su solicitud de extinción por considerar que fue presentada fuera de la etapa procesal correspondiente. El caso continúa bajo la lupa pública debido a las graves acusaciones de sobornos destinados a campañas electorales y el manejo ilícito de fondos estatales.
Fuente: Actualidad
